Reseña de la Ley 9/1998.

LEY 9/1998, de 22 de diciembre, DE COOPERATIVAS DE ARAGÓN (B.O.A. núm. 151, de 31 de diciembre de 1998)

El Estatuto de Aragón reconoce a la Comunidad Autónoma competencia exclusiva en materia de cooperativas, competencia que fue transferida por Ley Orgánica 9/1992. La Ley 9/1998 pretende actualizar la legislación cooperativa existente y recoger las peculiaridades de la realidad cooperativa de Aragón. En consonancia con el mandato contenido en el artículo 129 de la Constitución Española declara de interés social el fomento y la promoción del movimiento cooperativo en Aragón. Tras una vacatio legis de 30 días desde su publicación, entró en vigor el pasado día 30 de enero.

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.- La Ley tiene por objeto regular y fomentar las sociedades cooperativas que se constituyan y desarrollen sus actividades dentro del territorio aragonés, definiendo las cooperativas como sociedades que asocian a personas para realizar actividades económicas y sociales de interés común y naturaleza empresarial.

CONSTITUCIÓN.- La cooperativa se constituirá en escritura pública y adquirirá personalidad jurídica desde el momento en que se inscriba la correspondiente escritura en el Registro de Cooperativas de Aragón.

El Registro, de carácter público, asume las funciones de calificación, inscripción y certificación, así como la de depósito de las cuentas y de las auditorías. Los documentos sujetos a inscripción y no inscritos no producirán efectos frente a terceros, y conforme al principio de legitimación, los asientos del Registro gozan de la presunción de exactitud y veracidad mientras no se inscriba declaración judicial en contra. Las inscripciones de constitución, fusión, escisión, modificación de Estatutos, disolución y liquidación de la cooperativa tendrán carácter constitutivo, y se practicarán en virtud de documento público.

En tanto no se produzca la inscripción registral deberá añadirse a la denominación la expresión «en constitución», y los socios promotores responderán solidariamente de las obligaciones contraídas frente a terceros con los que hubiesen contratado en nombre de la cooperativa si no llegara a inscribirse.

Una de las principales características de la Ley, dice el Preámbulo, es el amplio grado de autonomía de los socios en la redacción de los Estatutos sociales. Establece nuevas modalidades de socios y amplía las formas de integración en la sociedad, pudiendo ser por tiempo determinado o con una finalidad meramente inversora, asegurándose el control de la cooperativa por los socios de pleno derecho.

ÓRGANOS SOCIALES.- Son órganos necesarios la Asamblea General, el Consejo Rector y los Interventores. Otros órganos sociales podrán ser el Comité de Recursos y el Consejo Social. La Asamblea General es el órgano supremo deliberante y de expresión de la voluntad social.

GESTIÓN Y REPRESENTACIÓN.- El Consejo Rector es el órgano de representación, gobierno y gestión de la cooperativa, y los Estatutos podrán determinar las competencias que le correspondan con carácter exclusivo. No define la Ley el ámbito de la representación ni declara expresamente la ineficacia de las limitaciones convencionales a las facultades representativas, tal y como hacen el artículo 129 R.D. Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, Texto Refundido de la Ley de sociedades anónimas, el artículo 63 Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada o el artículo 32 del Proyecto de Ley estatal de Cooperativas.

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Si los Estatutos lo permiten, una cuarta parte de sus miembros podrán ser elegidos entre personas no socios. En determinados supuestos existe la posibilidad de sustituir el Consejo Rector por uno o dos rectores o de que todos los socios formen parte del Consejo Rector, constituyéndose simultáneamente en Asamblea. No contiene la Ley aragonesa un precepto análogo al artículo 54 de la Ley General que confiera al presidente la representación legal de la cooperativa.

Los consejeros ejercerán su cargo por un plazo que no será inferior a dos años ni superior a seis, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Los consejeros cesantes continuarán ostentando sus cargos hasta el momento en que se produzca su sustitución, incluso en el caso de conclusión del período para el que hubieren sido elegidos. Su sustituciónno surtirá efecto frente a terceros hasta la inscripción de los nuevosmiembros titulares en el Registro de Cooperativas. Las inscripciones relativas a nombramiento y cese de los miembros de los órganos sociales, se podrán practicar en virtud de documento público o mediante certificación con las firmas del secretario y el presidente del Consejo Rector, legitimadas notarialmente o autenticadas por funcionario competente. Parece oportuno mencionar dos sentencias de la Sala 2ª del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 1998 y 22 de abril de 1998 en las que, al analizar el concepto de documento del artículo 26 del Código Penal, se alude a Secretarios judiciales, Notarios y Corredores de Comercio, como sujetos provistos de fe pública.2

El Consejo Rector podrá delegar facultades en un consejero delegado o comisión ejecutiva, y conferir poderes a cualquier persona. Los acuerdos se inscribirán en el Registro de Cooperativas. La delegación sólo podrá abarcar el tráfico empresarial ordinario de la cooperativa, y no podrá delegarse la facultad de prestar avales y fianzas (salvo en el caso de las Cooperativas de Crédito). En consecuencia, el afianzamiento a terceros en operaciones bancarias requerirá acuerdo del órgano competente.

Los Estatutos podrán prever la existencia de una Dirección o Gerencia, unipersonal o colegiada, cuya competencia se extenderá a los asuntos concernientes al giro o tráfico normal de la cooperativa.

CLASES.- La Ley conoce y regula distintas clases de cooperativas: Cooperativas de Trabajo Asociado (dentro de éstas las de Enseñanza y las de Iniciativa Social), Cooperativas de Servicios (dentro de éstas las de Transportistas), Cooperativas Agrarias, Cooperativas de Explotación Comunitaria de la Tierra, Cooperativas de Consumidores y Usuarios (dentro de éstas las de Servicios Sociales), Cooperativas de Viviendas, Cooperativas de Crédito, Cooperativas de Seguros y Cooperativas Escolares. Respecto a las Cooperativas de Trabajo se amplían los límites para la contratación de trabajadores por cuenta ajena. Dos nuevas clases de cooperativa, las de Iniciativa Social y las de Servicios Sociales, van dirigidas a colectivos que precisan una especial atención.

Además, contiene normas especiales aplicables a Cooperativas de segundo y ulterior grado, Consorcios, Grupos Cooperativos y Acuerdos Intercooperativos, y asociaciones voluntarias de cooperativas, que pueden asumir forma de Uniones, Federaciones o Confederaciones de cooperativas.

ADAPTACIÓN DE ESTATUTOS.- Las cooperativas ya constituidas disponen de un plazo de dos años a contar desde la fecha de entrada en vigor, es decir hasta el día 30 de enero del año 2001, para adaptar sus Estatutos a la Ley. Transcurrido el plazo sin haberse cumplido el mandato legal, la cooperativa quedará automáticamente disuelta, si bien conservará su personalidad jurídica durante el período de liquidación.

NORMATIVA APLICABLE– La disposición final primera establece que será aplicable con carácter supletorio la Ley 3/1987, de 2 de abril, General de Cooperativas.

Es necesario recordar que se halla en tramitación parlamentaria el Proyecto de la nueva Ley Estatal de Cooperativas. El artículo segundo, siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional, establece que la nueva Ley regirá para las sociedades cooperativas que lleven a cabo las relaciones de carácter cooperativo interno con sus socios, definitorias del objeto social, en el territorio de más de una Comunidad Autónoma o en las ciudades de Ceuta y Melilla.

Con carácter general, podemos anticipar ciertas consecuencias de la ya inevitable dispersión legislativa en materia de cooperativas3: 1º Las cooperativas que pudiéramos denominar transautonómicas, y las que desarrollan sus actividades en Ceuta y Melilla, se regirán por la nueva ley estatal. 2º La misma ley será de aplicación en aquellas Comunidades que no hayan legislado sobre la materia, y cuyos Estatutos de Autonomía colmen el vacío legal que se produce tras la asunción competencial exclusiva hasta su ejercicio, declarando que continuarán aplicándose las leyes del Estado. 3º Será aplicable la Ley 3/1987 en aquellas Comunidades Autónomas que no hayan legislado y en cuyos Estatutos se de solución a la situación transitoria anteriormente descrita mediante la aplicación de las leyes vigentes al tiempo de la asunción competencial. 4º Si la ley autonómica contiene una llamada dinámica a la legislación estatal vigente en cada momento, será aplicable con carácter supletorio la nueva ley estatal (así lo hace, por ejemplo, la Ley de Sociedades Cooperativas de Extremadura). 5º Pero en otros casos se señala como supletoria expresamente la Ley 3/1987, y la remisión ha de entenderse hecha con una finalidad estática. Es el caso, entre otros, de la Ley Foral de Cooperativas de Navarra y de la Ley de Cooperativas de Aragón que brevemente hemos reseñado.